Plantilla Examen Gestión Procesal

1.- Enumere, de acuerdo con el artículo 666 de la LECrim, las cuestiones o excepciones que serán objeto de artículos de previo pronunciamiento.

En el procedimiento ordinario de la LECrim, una vez concluido el sumario y confirmada su finalización por la Audiencia Provincial, puede acordarse la apertura de juicio oral. En este momento se abre un trámite donde las partes formulan sus calificaciones y, previamente, el artículo 666 de la LECrim permite plantear ciertas excepciones denominadas de “previo pronunciamiento”.

Estas son únicamente cinco:

1. La falta de jurisdicción.
2. La existencia de cosa juzgada.
3. La prescripción del delito.
4. La amnistía o el indulto.
5. La falta de autorización administrativa para proceder penalmente, en los supuestos que lo exijan la Constitución o una ley especial.

2.- Requisitos formales de la querella (artículo 277 LECrim)

El artículo 277 LECrim detalla cómo debe presentarse una querella para que sea admitida a trámite. En primer lugar, ha de formularse a través de Procurador con poder suficiente y firmada por Letrado.

Además, debe contener los siguientes extremos:

• Indicación del Juzgado o Tribunal competente.
• Identificación del querellante (nombre, apellidos y domicilio).
• Identificación del querellado, o en su defecto, las señas que permitan reconocerlo.
• Relato detallado de los hechos denunciados, con referencia a lugar y tiempo de comisión.
• Las diligencias de investigación que se solicitan.
• La petición de que se admita la querella y, en su caso, se acuerden medidas cautelares como detención, prisión provisional, fianza o embargo.
• La firma del querellante o, si no pudiera, de otra persona a su ruego.

3.- Orden de prelación de los embargos sobre los bienes del ejecutado (artículo 692 LEC).

Aunque en el enunciado se cite el artículo 692, el precepto aplicable es el 592 LEC. Este establece que, salvo pacto entre acreedor y deudor, el LAJ debe ordenar el embargo teniendo en cuenta la mayor facilidad de enajenación de los bienes y procurando causar el menor perjuicio posible al ejecutado.

Si esto no es posible, se aplicará el orden legal de prelación:

1. Dinero y cuentas bancarias.
2. Créditos a corto plazo, títulos y valores cotizados.
3. Joyas y obras de arte.
4. Rentas en metálico.
5. Intereses, rentas y frutos de todo tipo.
6. Bienes muebles, acciones o participaciones no cotizadas.
7. Bienes inmuebles.
8. Sueldos, salarios, pensiones e ingresos profesionales o mercantiles.
9. Créditos y derechos a medio y largo plazo.

El embargo de empresas también podrá acordarse si se considera más adecuado que el de sus elementos aislados.

4.- Clases de resoluciones conforme a la LEC. Breve mención de su forma y contenido.

El art. 206 LEC diferencia entre resoluciones dictadas por jueces/tribunales y las dictadas por los LAJ:

• Por jueces y tribunales:
  • Providencias: resuelven cuestiones procesales simples y no requieren motivación.
  • Autos: se emplean cuando la ley lo indica, siempre motivados.
  • Sentencias: ponen fin al proceso sobre el fondo, definitivas y motivadas.
• Por los LAJ:
  • Diligencias: pueden ser de ordenación (impulso procesal), de constancia, de comunicación o de ejecución.
  • Decretos: utilizados cuando se admite una demanda, se concluye un procedimiento o la decisión requiere motivación.

En todos los casos, la resolución debe contener lugar, fecha y constancia de si es firme o recurrible, y en este último supuesto, el recurso procedente, órgano competente y plazo.

5.- La sentencia en la cuestión de ilegalidad (artículo 126 LJCA).

La LJCA regula en el art. 126 el contenido de la sentencia que resuelve la cuestión de ilegalidad planteada conforme a los arts. 27 y 123–125.

La resolución podrá ser estimatoria, desestimatoria o inadmisoria si concurre algún defecto procesal insubsanable. En cuanto a su régimen, se aplican las reglas del recurso directo contra disposiciones generales (arts. 33.3, 66, 70, 71, 72 y 73 LJCA).

Las sentencias firmes que desestimen la cuestión deberán publicarse. Además, el LAJ notificará la resolución al órgano que la promovió.

Cuando la cuestión tenga especial relevancia para otros procesos, tendrá tramitación preferente. Finalmente, la sentencia dictada no modifica la situación jurídica derivada de la sentencia que originó la cuestión.